Hacia la década de los cincuenta, departamentos como Santander, Choco, Córdoba, Valle del Cauca y regiones como la Orinoquia, eran conocidos por su alto grado de biodiversidad y sobretodo por el respeto y amor que las personas profesaban por los seres que habitaban en sus tierras. Tiempo después, campesinos en situación de extrema pobreza empezaron a practicar la caza con fines económicos y en pocas proporciones, sin saber que era el comienzo de una red gigantesca de compra y venta de animales silvestres en todo el mundo, identificada como el tercer mercado ilegal más importante del país con 17 millones de dólares de ganancia anuales para los delincuentes.
Por sus formas de venta y costo que varían de acuerdo a lo exótico del animal, su lugar de origen y la demanda entre el publico, los traficantes han logrado llegar a todo tipo de compradores y a cualquier lugar de Europa y los Estados Unidos, principalmente.
Algunos animales son traídos de zonas muy lejanas escondidos entre maletas que están muy por debajo de su tamaño, en tubos de pvc y en general de la peor manera que permita ocultarlos, no importando la condición en que estos sean transportados, ni siquiera que de 10 animales solo lleguen 3 vivos. Muchos a su llegada son vendidos en tiendas de mascotas que utilizan como fachadas, en la calle sin ninguna restricción y por pedidos en páginas Web o catálogos, formas de ventas nuevas, eficaces y novedosas.
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia, se ha enfocado en el desarrollo de una serie de políticas direccionadas hacia el cuidado y la protección de la biodiversidad de Colombia. Junto a la policía y entidades ambientales como el Dagma y a nivel regional la CVC se ha buscado controlar, monitorear y reducir los índices de tráfico ilegal. Lamentablemente, estos esfuerzos no han tenido el éxito esperado por las autoridades, que consideran la indiferencia de la gente reflejada en el poco denuncio de este abuso, un factor muy influyente a la hora de encontrar resultados. Cuando satisfactoriamente se realizan decomisos, traen como consecuencia acciones legales, las cuales, según la capitana Mabel Hernández de la Dijin –Bogota “vienen desde procesos legales en donde los capturados deben enfrentarse al actual sistema acusatorio y sanciones que oscilan entre 1 y 10 salarios mínimos vigentes” . La pregunta que ecologistas y biólogos se hacen constantemente es, si esta clase de sanciones son las debidas cuando van hacia personas que contribuyen a ala destrucción de la naturaleza y a un ecosistema que también los seres humanos necesitamos para vivir.